lunes, 26 de julio de 2010

El valor de las instituciones


Noel Leunam


Cuanto necesitamos, los que hemos luchado por ellas denodadamente desde nuestra juventud, la existencia y la defensa de las instituciones que, previstas y plasmadas en la vigente Constitución de 1978, en su conjunto conforman el mecanismo de equilibrios que sostiene nuestro sistema de convivencia política, económica y social.

Si entenderemos como importantes las instituciones que pensamos que si le preguntáramos a un supuesto reo de muerte sometido a juicio que qué prefiere si un durísimo y sumarísimo Consejo de Guerra o un democrático y popular linchamiento, aquel no tendría duda en responder que para él o su defensor sería mucho mas probable convencer al más duro de los auditores togados militares que al más tierno miembro de la turbamulta que se prestaba a ejercer una justicia seudo democrática.

Por eso me dejan perplejos los ataques, que desde filas, que yo consideraba que estaban convencidos de estos mismos principios, han propinado a la labor, e incluso a la institución, del Tribunal Constitucional en la resolución del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Casi todos lo saben, pero no puedo de dejar de contarlo, este Instituto Jurídico tiene su origen en la democracia norteamericana en el caso Madison de 1803 y su formulación intelectual en el trabajo desarrollado por el jurista de Praga Hans Kelsen que lo vio reflejado en la Constitución de la República Austriaca de los años 20 del pasado siglo XX. El actual Tribunal Constitucional español es una replica del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República Española. Su labor es salvaguardar la aplicación de las normas y principios constitucionales que se encuentran en vigor y nunca actúa de oficio sino a instancia de aquellos que están legitimados para reclamar su actuación cuando, entienden o piensan, con sólidos argumentos, que aquellos han sido transgredidos.

En este caso del Estatuto Catalán, se puso encima de la mesa, como planteamiento incontestable para su no cuestionamiento, la legitimidad que portaba por su aprobación mediante referéndum del pueblo catalán. El problema no es que fueran muchos o pocos los que participaran en tal acto democrático, sino que en opinión fundada de los que tienen la misión encomendada, según la reglas del juego que todos los ciudadanos nos hemos dado, han decidido que algunos artículos de ese nuevo Estatuto sobrepasaban el limite constitucional. Alguien lo ha explicado y, creo que debe recordarse otra vez, si por cualquier causa, parlamentariamente y mediante posterior referéndum se aprobara la reinstauración de la pena de muerte en España, el Tribunal Constitucional ante el amparo que seguro que algunos reclamaríamos de forma inmediata, declararía que la actual Constitución en 1978 abolió tan inhumana pena y que, por tanto, por muy democrático que fuera el procedimiento de aprobación, tal reinstauración seria anticonstitucional y no podría aplicarse en las actuales circunstancias de vigencia de normas y principios constitucionales.

Quizás esto sea una hiperbólica exageración, pero creo no equivocarme si digo que todo lo que ha ocurrido, a parte de ser un gran asunto político, también ha sido una cuestión de procedimiento que entiendo estaba mal planteado para estos casos. Lo tengo que contar: en los años 80 con el PSOE recién llegado al Gobierno de la Nación, Alianza Popular (antecedente político del actual Partido Popular) utilizo de forma filibustera el recurso previo de inconstitucionalidad para impedir la inmediata aplicación de las leyes y normas que se iban aprobando en el Parlamento. Ante esto, se aprobó la desaparición del recurso y probablemente no se previo que algún día los Estatutos de Autonomía también serian revisados y reformados. Como opina el profesor de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban, los Estatutos de Autonomía no son unas leyes orgánicas como las demás, sino que forman parte de lo que se ha denominado “bloque constitucional” (por debajo de la Constitución y por encima del resto de leyes orgánicas).

Por ello yo creo que la enseñanza de todo esto que ha ocurrido es que, en tanto no se aborde una reforma constitucional que cambie el sistema de reglas con el que procedemos, se emprendiera una reforma de carácter legal en la que se estableciera que previo a la definitiva aprobación o rechazo por referéndum, que la Constitución exige a los Estatutos autonómicos, fuera necesario y vinculante un dictamen del Tribunal Constitucional que avalara la licitud de los mismos conforme a la Magna Carta y así no se diera la contradicción que ha ocurrido ahora entre dos poderes igualmente legítimos: el voto popular y la decisión del Tribunal.

Puede que esta no sea la correcta forma jurídica de abordarlo, pero no estaría de más que entre todos así lo emprendiéramos, sobre todo aquellos que están más cerca de nuestro ideario, aunque se encuentren en zonas territoriales periféricas. Es muy probable que la labor del Tribunal Constitucional, algún día nos sea muy necesaria y ya se sabe aquel que echa esputos al aire es fácil que le acaben cayendo en su propia cara.

Así me lo han enseñado mis mayores de militancia partidista y sindical, aceptando su existencia incluso cuando se pierde y no te da la razón (que le pregunten a aquel buen Ministro del Interior que comprometió su continuidad en el cargo al resultado de la decisión del Constitucional sobre la Ley, mal llamada, de la “patada en la puerta”: dimitió, ha corrido el tiempo y aquí estamos todos. Su ley era legítima, pero una cuestión de procedimiento que cerraba ese circuito de legitimidad impidió su continuidad).

Respetemos, con fair play, la decisión arbitral aunque no nos guste, como lo han hecho nuestros jugadores de la Roja en Sudáfrica, incluso cuando las decisiones que les concernían, por parte del juez, les eran manifiestamente perjudiciales: aguantaron y ganaron, material y éticamente.

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